Las izquierdas son, para mí, una forma de entender el mundo y de actuar en él que busca que todos gocemos los beneficios de vivir en sociedad (económicos, científicos, culturales, sentimentales, de seguridad, etc) y que todos seamos libres de vivir nuestras vidas según nos plazca, con los únicos límites del respeto a los demás y de la solidaridad.

En la arena política, una de las tareas primordiales de las izquierdas es hacer todo lo posible porque las leyes y la acción del Estado vayan en ese sentido. Que respeten y fortalezcan las libertades; que preserven el tejido social que permite vivir en armonía y ejercer esas libertades; que garanticen que se genere riqueza; que todos disfrutemos de los beneficios de esa riqueza generada, y que todos podamos gozar de la vida en sociedad.

Creo que, para conseguir esto, las izquierdas deben orientarse a resultados, y no a etiquetas o prejuicios ideológicos. Por ejemplo, si hay que rechazar las políticas neoliberales no es porque sean neoliberales, sino porque han demostrado una y otra vez que no funcionan, que generan mayor desigualdad y destruyen el tejido social.

Lo mismo pasa en sentido inverso: las izquierdas no son partidarias de que los monopolios naturales (agua, luz, etc) permanezcan en manos del Estado nomás porque adoran al Estado, sino porque así se garantiza mejor, al menos en Estados democráticos, que todos disfruten de sus beneficios.

Otro aspecto importante que caracteriza a las izquierdas es su carácter progresista, de apuesta por construir el futuro y hacer más vivible el presente. En este sentido, las izquierdas son lo contrario de los reaccionarios, de los conservadores.

Inclusive en los casos de debilidad, las izquierdas buscan avanzar. Por ejemplo, un dirigente anarquista de la CGT al que conocí en Barcelona se lamentaba de que la lucha por la autogestión estaba parada porque la embestida neoliberal los había golpeado con mucha fuerza. “Ahora tuvimos que pasar de la ofensiva a la defensiva”, decía. A pesar de estar en una posición defensiva, no se dejaba de lado la necesidad de proponer, de luchar por avanzar.

Creo que el Frente Amplio Progresista, no se orienta por resultados, sino por ideas abstractas; no hace de las libertades un tema prioritario, sino bastante menor, y no propone, sino que se conforma con rechazar.

Pienso también que, si quiere verdaderamente contribuir a la construcción de un país más libre, más justo y en el que se viva mejor, debería recordar estas tres características de las izquierdas y aplicarlas en su quehacer político.

La reacción de la izquierda electoral a la reforma petrolera, presentada por el presidente Calderón, y a la reforma laboral, preparada por la Secretaría del Trabajo y filtrada a la prensa en abril, nos permitió ver dónde están sus prioridades y cuáles son sus mentalidades de fondo.

Pudimos ver, por ejemplo, que los temas que les interesan son los que afectan a la Nación con mayúsculas y en abstracto, los que alteran (no importa si para bien o para mal) la estructura fundamental del país como ellos imaginaron que era y debe ser.

Ésa es la razón de que, antes de que Calderón presentara su iniciativa de reforma energética, ésta ya había provocado una reacción muy airada en Andrés Manuel López Obrador y sus afines. No era solamente que no les gustara la reforma, era también que esa reforma implica un cambio en uno de los pilares esenciales del país, y eso es, para ellos, condenable de antemano.

En contraste, no se sabe qué piensan López Obrador y el resto de dirigentes del FAP sobre la reforma laboral. Se sabe lo que ha dicho la secretaria “legítima” del Trabajo, Berta Luján, pero ellos no han opinado al respecto.

Distanciados de los sindicatos, saben que ese tema no les va a dar ni presencia en los medios, ni nuevas clientelas de las qué disponer. El hecho de que la reforma laboral pueda tener un impacto directo, inmediato y perjudicial para los ciudadanos no les parece importante, porque no afecta a la Nación como ellos la entienden, sino a sus habitantes.

Lo otro que me ha impresionado es descubrir que, aunque en el FAP no hay un programa claro y definido, y nadie parece tener claro hacia dónde quieren avanzar, sí se sabe a dónde quieren volver.

El papel del FAP desde su fundación ha sido eminentemente reaccionario. No sólo ha rechazado los cambios propuestos por la derecha, sino que ha sido incapaz de presentar propuestas alternativas. Esto ha sumido a la izquierda electoral en una actitud terriblemente conservadora que me parece condenable.

Lo que los partidos de izquierda, hoy agrupados detrás de López Obrador, pretenden conservar es un legado que en su momento, hace treinta o cuarenta años podría haber parecido progresista para algunos y que hoy ha caducado: la herencia del echeverrismo.

Ante este panorama, esperemos que surja, y pronto, una izquierda que busque construir un futuro democrático y libre, y no reconstruir un pasado autoritario y caduco.

Los diputados y senadores que componen esta legislatura han mostrado demostrado un machismo digno de lo peor de épocas pasadas. No se trata sólo de las memorables palabras de Dante Delgado ayer en Xicoténcatl, sino de una actitud generalizada que aflora con un poquito de tensión.

El primero en hacer gala de una misoginia sólo memorable por lo pintoresca fue Fernández Noroña, que acusó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, de haber “aflojado el cuerpo” por tener una relación demasiado cercana con el gobierno de Felipe Calderón.

Más tarde, Andrés Manuel López Obrador siguió el mismo camino. Después de que la misma Zavaleta se reunió con el recién nombrado secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró que, si andaba con el afán de “agarrarle la pierna a quien se deja, políticamente hablando”, se decidiera a debatir la propuesta energética.

No menos graves fueron los gritos de panistas y priístas contra Layda Sansores y Valentina Batres. Cuando estas últimas se adueñaron del pódium del palacio legislativo, empezaron a gritarles “¡tubo! ¡tubo! ¡tubo!”.

Ayer, fue Dante Delgado. Las palabras del senador por Convergencia no tienen desperdicio: “me da mucha pena que el PAN utilice a una legisladora para señalar lo que deben venir a decir en esta tribuna sus varones legisladores”.

Minutos después, respondiendo a un machismo digno de hace 200 años con palabras de la misma época, el diputado panista Rubén Camarillo le espetó: “Por el respeto que le tengo, me pongo a su disposición, si es caballero, para que nos encontremos y veremos cómo dirimimos esta diferencia que usted hace de los senadores varones”.

Lo que no sabemos es si en efecto envió a sus padrinos para fijar lugar y hora del duelo, ni si éste sería a premier sang o a muerte.

El Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dice en su artículo 350:

1. Constituyen infracciones al presente Código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

…

b) la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral;

López Doriga se llena la boca criticando a López Obrador por ordenar tomar las tribunas de las cámaras de diputados y senadores.  Le dice antidemocrático, lo acusa de no respetar las leyes.  ¿Usa la misma vara para medir las acciones de su empresa? Por supuesto que no. Televisa al transmitir el spot contra López Obrador violó la ley, pero eso, a los ojos del pesetero comunicador, no es denunciable ni criticable.

Lo inverosimil por repugnante es que Televisa por un lado viole la ley, o utilice su poder para buscar corromper al estado, y por el otro haga campañas de valores.

Televisa no tiene valor, simplemente le vale.

Todo indica que la toma de las tribunas del Congreso de la Unión protagonizada por los legisladores del Frente Amplio Progresista logró frenar la iniciativa de reforma energética de Calderón. Eso es una estupenda noticia.

Cosechada esta victoria, habemos quienes querríamos ver a una izquierda que tomara la iniciativa y apostara por ganar el futuro, no sólo por defender logros del pasado.

Es una obviedad decir que no todos los cambios son buenos. En este sentido, la reacción de Andrés Manuel López Obrador ante muchas propuestas presentadas por la derecha ha permitido defender triunfos obtenidos hace tiempo, y eso es de celebrarse.

El país, sin embargo, no mejorará si solamente defendemos conquistas pasadas. Las cosas mejorarán si esas conquistas se actualizan, si se lucha por agregar nuevos logros a la lista de victorias, si se responde a nuevas situaciones con nuevas propuestas.

Es claro para todos que Pemex necesita cambios de fondo. Es claro para muchos de nosotros, y en esto López Obrador tiene razón, que la reforma planteada por el gobierno federal no es la correcta. Detenerla, o por lo menos postergarla, fue un acierto.

Sin embargo, me gustaría leer o escuchar a los diputados del FAP y a los integrantes del “gobierno legítimo” hablar de propuestas propias e innovadoras.

La izquierda no puede conformarse con ser reaccionaria. Tiene que ser propositiva, tomar la delantera y proponer los cambios que México necesita.

De otra forma, quedaremos atascados entre el ancla del pasado y las embestidas de la derecha.

Tras leer la encuesta de María de las Heras respecto al ánimo de los mexicanos respecto a la iniciativa de reforma petrolera, no es difícil darse cuenta que nosotros, “el pueblo”, no somos uinos pendejos que nos dejamos manipular por políticos, comerciales de televisión y medios informativos.

Una clara mayoría, del 52 por ciento contra el 37, ve que la reforma presentada por el presidente Calderón busca privatizar Pemex. Contundente, sin duda. Lamentablemente en la encuesta no existe la pregunta si esos que afirman que se busca privatizar a Pemex están de acuerdo o en desacuerdo con ello, sin embargo partiendo que los defensores de dicha reforma dicen que no es para nada privatizadora, podemos suponer que ese 52 por ciento está en contra de la iniciativa.

Y sin embargo, aunque la mayoría de la gente está en contra de la reforma presentada por Calderón, el 82 por ciento piensa que antes de manifestaciones o tomas de tribunas, se debería permitir que se diera la discusión del tema en el congreso.

Así que ni Calderón ni López Obrador salen bien parados. Al uno el pueblo no le creyó que su reforma no era privatizadora, y con el otro, no están de acuerdo en sus acciones. Nadie gana, todos pierden.

Y somos el pueblo, nosotros, los que creemos en los valores de la democracia. Los que creemos que los grandes temas nacionales deben ser discutidos en el congreso que para eso está. Nada de fast-tracks, ni tomas de tribunas.

¿El pueblo de México tiene el gobierno y la clase política que se merece?

Sé que el hubiera no existe, pero al ver el comportamiento de la clase política en el debate sobre el debate de la reforma energética no puedo evitar preguntarme: ¿qué hubiera pasado si el PRD hubiera optado por la negociación inteligente en vez de la confrontación sistemática? Más importante todavía: ¿qué pasaría si lo hiciera ahora que todavía se puede?

No pretendo hacer ejercicios futurísticos, sino sacar lecciones de lo pasado e intentar ver cómo podría ser mejor el futuro cercano.

¿Qué hubiera pasado si el perredismo hubiera hecho política, hubiera negociado, hubiera obligado a la derecha a ceder en la mesa y hubiera construido y presentado alternativas reales y congruentes a las iniciativas del gobierno?

Quizás se hubiera logrado que en la reforma judicial, al tiempo que se rechazaban los allanamientos sin orden de cateo, se establecieran mejores mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Es posible que diputados y senadores perredistas hubieran conseguido que la reforma fiscal no castigara tanto la generación de empleos para premiar la inversión en capital.

No sabremos cómo serían esas dos reformas porque pasaron como pasaron. Pero podemos apostar porque, en el caso de la reforma petrolera, el panorama sea mejor. Si se consigue el debate energético de 120 días, o de cien, o cualquier cosa más que la ridiculez de 50 días y votos al vapor que sugieren el PAN y el PRI, el PRD tendrá la oportunidad de defender la soberanía nacional y garantizar que los rendimientos del petróleo sigan sirviendo para el desarrollo nacional.

Los perredistas tienen a la mano una alternativa coherente, sólida y de izquierdas a la propuesta presidencial para Pemex: la que presentó Cuauhtémoc Cárdenas. Usándola como plataforma inicial pueden dar sentido a reclamos y propuestas. Pueden tener una base que sirva para negociar mejor con el PAN y el PRI, evitar que se apruebe una reforma anticonstitucional y conservadora y lograr que el régimen legal y fiscal de Pemex lo beneficie como empresa y beneficie al país.

Nada de esto se puede conseguir con las tribunas del Congreso secuestradas. Tampoco puede lograrse usando la fuerza de las manifestaciones como único argumento.

Sí se puede conseguir si el perredismo negocia, propone y hace política con inteligencia, con conocimiento de causa y con compromiso con los valores que dice defender.

Ojalá y lo haga.

En el debate sobre la iniciativa de reforma energética, antes inclusive de que comience en forma, han imperado la intransigencia, la cerrazón y el dogmatismo. Los que salimos perdiendo de todo esto somos, una vez más, los ciudadanos.

Ya Emiliano explicó cómo la izquierda partidista ha llegado al debate sobre el marco legal de Pemex sin proyecto y sin ideas. Creo que hay otro factor a tomar en cuenta: la actitud profundamente antidemocrática que hay en todos los actores.

Más allá de las tomas de tribunas, si los legisladores del FAP lograran lo que ellos llaman un “debate nacional”, dudo mucho que éste fuera otra cosa que una discusión interna, de puertas para adentro de la clase política.

Los ciudadanos, como suele ocurrir, quedaremos fuera de toda posibilidad ya no se diga de participar en la discusión: de entenderla. Ni los partidos ni los medios –parte integral de la clase política– se han preocupado de explicar a los ciudadanos qué se debate.

Es imposible para un ciudadano normal leer los cinco documentos de la iniciativa, aunque estén publicados. Es igualmente difícil leer y comprender a cabalidad el centenar y medio de páginas del diagnóstico de Pemex. Dudo que la gran mayoría de los lectores entienda qué es un contrato de riesgo o cuál es el problema con los de buen desempeño.

En principio, no habría problema: tenemos políticos y periodistas profesionales para que nos expliquen lo que no entendemos, para que nos ayuden a tomar las decisiones y se apoyen en nosotros para impulsarlas. Eso permitiría un ejercicio fundamental de la democracia: que los políticos decidan con los ciudadanos, no por ellos.

Por desgracia, nuestros políticos y periodistas creen que deben decidir por nosotros. Y sacarlos de ahí se va poder, pero va a tomar su tiempo.

Diego Valadés, uno de nuestros más brillantes abogados, escribe hoy en su columna de El Universal sobre la moral y la ética de los gobernantes, en referencia obvia al caso Mouriño.

Así empieza el artículo de Diego Valadés:

En 1715, un ministro inglés rechazó la posibilidad de que el Parlamento ejerciera controles políticos sobre el gabinete, aduciendo que “sería un mal precedente”; transcurrieron algunas décadas y en 1782 el Parlamento censuró al primer ministro North, quien abandonó el cargo; al año siguiente el censurado fue Pitt, pero decidió mantenerse en el puesto. Ahora estos asuntos se discuten desde otra perspectiva. “Quien un día quebranta la moral, otro día violará la ley”, dijo el constitucionalista Dicey en el siglo XIX. A partir de esta premisa, los británicos consideran que la moral constitucional es tan relevante como las normas mismas, y los ministros ya no esperan siquiera a ser censurados: se van en cuanto se cuestiona su idoneidad ética.

En muchos sistemas constitucionales se tiende a reaccionar de manera análoga. Por ejemplo, la semana pasada renunciaron el secretario de Vivienda de Estados Unidos y el primer ministro de Irlanda, porque les fueron atribuidos actos deshonestos. No aceptaron su culpa, pero ofrecieron esclarecer los hechos sin comprometer el ejercicio de las responsabilidades que desempeñaban.

En México, nuestros gobernantes no profesan esos principios. Aquí los funcionarios se aferran al poder sin importar las consecuencias. Por eso los sucesivos empeños para superar la corrupción han concluido en otros tantos fracasos. El peor descalabro sobrevendrá cuando nos declaremos vencidos para siempre y aceptemos que nuestra inmoralidad es idiosincrásica.

¿Es el mexicano un pueblo corrupto? ¿O por qué solapamos y no marcamos un alto a la corrupción de la clase política? Al menos pareciera que los actos, como los de Mouriño, no nos parecen tan mal. Recuerdo que los medios y sus periodistas le reclamaron más al secretario de Gobernación su impericia para manejar el asunto desde un punto de vista político, que recriminandole su artero acto de corrupción.

Pero no queda sólo en la derecha, la izquierda nunca levantó la voz contra la confidencialidad impuesta por López Obrador a los contratos del segundo piso del Periférico, documentos que serían públicos en cualquier país medianamente democrático, donde el pueblo exigiera a sus políticos transparencia y ética.

¿O es que acaso ya nos dimos por vencidos? Ojalá y no.

Artículo completo de Diego Valadés en El Universal