Diego Valadés, uno de nuestros más brillantes abogados, escribe hoy en su columna de El Universal sobre la moral y la ética de los gobernantes, en referencia obvia al caso Mouriño.

Así empieza el artículo de Diego Valadés:

En 1715, un ministro inglés rechazó la posibilidad de que el Parlamento ejerciera controles políticos sobre el gabinete, aduciendo que “sería un mal precedente”; transcurrieron algunas décadas y en 1782 el Parlamento censuró al primer ministro North, quien abandonó el cargo; al año siguiente el censurado fue Pitt, pero decidió mantenerse en el puesto. Ahora estos asuntos se discuten desde otra perspectiva. “Quien un día quebranta la moral, otro día violará la ley”, dijo el constitucionalista Dicey en el siglo XIX. A partir de esta premisa, los británicos consideran que la moral constitucional es tan relevante como las normas mismas, y los ministros ya no esperan siquiera a ser censurados: se van en cuanto se cuestiona su idoneidad ética.

En muchos sistemas constitucionales se tiende a reaccionar de manera análoga. Por ejemplo, la semana pasada renunciaron el secretario de Vivienda de Estados Unidos y el primer ministro de Irlanda, porque les fueron atribuidos actos deshonestos. No aceptaron su culpa, pero ofrecieron esclarecer los hechos sin comprometer el ejercicio de las responsabilidades que desempeñaban.

En México, nuestros gobernantes no profesan esos principios. Aquí los funcionarios se aferran al poder sin importar las consecuencias. Por eso los sucesivos empeños para superar la corrupción han concluido en otros tantos fracasos. El peor descalabro sobrevendrá cuando nos declaremos vencidos para siempre y aceptemos que nuestra inmoralidad es idiosincrásica.

¿Es el mexicano un pueblo corrupto? ¿O por qué solapamos y no marcamos un alto a la corrupción de la clase política? Al menos pareciera que los actos, como los de Mouriño, no nos parecen tan mal. Recuerdo que los medios y sus periodistas le reclamaron más al secretario de Gobernación su impericia para manejar el asunto desde un punto de vista político, que recriminandole su artero acto de corrupción.

Pero no queda sólo en la derecha, la izquierda nunca levantó la voz contra la confidencialidad impuesta por López Obrador a los contratos del segundo piso del Periférico, documentos que serían públicos en cualquier país medianamente democrático, donde el pueblo exigiera a sus políticos transparencia y ética.

¿O es que acaso ya nos dimos por vencidos? Ojalá y no.

Artículo completo de Diego Valadés en El Universal

En Estados Unidos, para ser más exactos en el estado de Nueva York, Eliot Spitzer renunció a la gubernatura por acostarse con prostitutas. El señor Spitzer tiene una vida dedicada al servicio público y cuentan que fue un estupendo fiscal general en Nueva York. Sin embargo, su gusto por pagar por sexo lo sacó de su puesto. Un poco moralista, ¿no les parece? Esas prácticas sólo deberían molestarle a su esposa.

En México, Juan Camilo Mouriño, improvisado político y secretario de Gobernación, siendo diputado y asesor de la Secretaría de Energía, firmó contratos millonarios de servicios para su empresa con Petróleos Mexicanos. Eso está claramente prohibido por la ley y eso nos afecta a todos. Sin embargo sigue despachando felizmente en su oficina de Bucareli bajo el cobijo del panismo y del mismísimo presidente de la República.

¿Quién crees tú que tenía más razones para renunciar?

En días pasados, Juan Camilo Mouriño, actual secretario de Gobernación, reconoció haber firmado los contratos que sacó Andrés Manuel López Obrador a la luz pública. Él afirma que dichos contratos son totalmente legales, pero veamos qué dice la ley:

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

….

XX.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la eleboración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

….

XXII.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI;

Como cualquiera lo podemos entender de la fracción XX del artículo 8 de la citada ley, el señor Mouriño y los empleados de Pemex violaron el marco legal. Es muy simple: Ningún servidor público puede firmar contratos derivados de sus actividades gubernamentales con otro servidor público, o con una empresa de la que el servidor público forme parte. Eso es lo que dice la ley, nada más.

Y como dice la fracción XXII del mismo artículo, a todos nos queda claro que la violación a ley por parte de los funcionarios de Pemex sólo pudo darse porque el señor Mouriño los indujo a violar la ley.

Y aclarar otro punto. No importa si cuando firmó lo contratos el señor Mouriño era diputado federal o asesor de Felipe Calderón como secretario de Energía, en los dos casos era funcionario público como claramente lo marca el artículo 108 de la Constitución.

Así de simple es todo esto.

Si alguien miente es el señor Juan Camilo Mouriño al decir que no violó la ley.

Felipe Calderón, presidente de la República, debe dejar de ser compinche de sus amigos y acatar el juramento que hizo de hacer respetar la Constitución de la República y las leyes que de ella emanan. Debe pedirle su renuncia a Juan Camilo Mouriño y hacer una investigación que rinda resultados y conduzca a castigar a quienes han violado las leyes.

Pero no va a ser así. El nuevo PAN se parece mucho al viejo PRI. Para esto nos sirvió la bendita alternancia.

Yo suponía que con la alternancia cambiarían los usos y costumbres de la clase política. Pero los panistas resultaron tan faltos de ética como los priistas. ¿De qué les valieron tantos años de lucha desde la oposición, criticando sistemáticamente al PRI, para después, ya en el poder, repetir las mismas prácticas?

Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, cuando era presidente de la comisión de Energía en la cámara de diputados y como jefe de asesores de Felipe Calderón en la Secretaría de Energía, firmó contratos millonarios con PEMEX. De eso no hay duda, ni siquiera el propio Mouriño lo ha desmentido.

Cuando el secretario de Gobernación salió a dar explicaciones del entuerto no explicó nada. Dio un repaso autobiográfico, explicó el esfuerzo que le costó a su padre mantenerlo, y a lo sumo, en forma de justificación, dijo que su familia había tenido negocios con Pemex desde hace 23 años.

¿Pero y la ética, señor Mouriño? ¿Es ético que un funcionario público del área de energía firme contratos multimillonarios con PEMEX? ¿Se le da el mismo trato a un empresario cualquiera que a un empresario que además es un importante miembro del gobierno?

Dijo en su discurso el señor Mouriño respecto a los “sacrificios” que ha hecho por ser servidor público:

“El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia, renuncié a las acciones de las cerca de 80 empresas de uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano y también dejé muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país.”

Somos unos mezquinos y unos ingratos los detractores de Mouriño. Él se sacrifica por nosotros y no se lo agradecemos lo suficiente.  El problema, señorMouriño, es que tras las pruebas presentadas a muchos nos queda la duda de si es funcionario público para servirnos o para servirse.

Yo quiero preguntarle al señor Mouriño si en efecto firmó esos contratos, si no le parece que hacerlo fue algo no ético, que hay claramente un conflicto de intereses. Sin embargo, no tendré respuesta, porque el señor Mouriño ya dijo que no le responderá a sus detractores, a pesar de que los detractores seamos ciudadanos mexicanos y él un funcionario público.

El señor Mouriño me recuerda a Sergio Vela. Es la nueva generación de políticos panistas. Creen que brindan tan grandes servicios a la nación que por eso pueden servirse a sí mismos. ¿Los viejos panistas, esos que estaban en la opocisión, no le hubieran gritado corruptos a priistas que hubieran hecho lo mismo que el señor Mouriño o Vela? Por supuesto que sí, sólo que el poder cambia la perspectiva de las cosas, pero sobre todo la ética desaparece para siempre.

Sergio Vela, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, está metido en serios problemas por sus gastos de viajes. Los medios el fin de semana publicaron las cifras de lo que gastó el señor Vela en 2007 por nueve viajes internacionales: 571 mil pesos.

Mucho dinero para un año sin logros del gobierno federal en materia cultural.

Pero lo que más me sorprende de este hombre tan viajador es su prepotencia al tomar los micrófonos para explicar sus gatos de viaje. Lo menos que podría reconocer es que está gastando en exceso, que un boleto de doce mil pesos ida y vuelta a Monterrey es un absurdo, que gastarse 126 mil pesos en un viaje de ocho días a Madrid y París es ridículo. Ya no le pidamos reconocer que su trabajo al frente de Conaculta ha sido absolutamente gris. Pero no, no reconoce nada y se enoja con los periodistas que le exigen cuentas. Cuando Denise Maerker ayer le preguntaba si no le parecía poco ético gastar en viajes como lo hace, indignado contestó que para él no existía más ética que la norma. Si los mexicanos tenemos que pagar tres mil dolares para que Sergio Vela vea el Rey Lear en Nueva York y eso se ajusta a la norma, qué importa la ética.

El tipo se cree parido por Wagner, cree que los mexicanos no nos los merecemos. Hoy leía que se siente muy orgulloso de haberle marcado a la delegada de Miguel Hidalgo para interceder, desde su puesto, por su novia la señora Martha Ortiz, hija de la pésima pintora Martha Chapa, respecto a la apertura de un restaurante. Según él eso no es tráfico de influencias, simplemente una muestra de apoyo y amor, de caballerosidad.

En fin, a la derecha la cultura le vale un sorbete, por eso un Sergio Vela puede ser presidente de Conaculta. Es una lástima.

El día de ayer salió en El Universal una nota donde el empresario Luis Miguel Moreno Vélez, confiesa haber tenido que regalar a Martha Sahagún y Vicente Fox un Jeep rojo, igualito al del presidente George Bush, para obtener un contrato con la fundación Vamos México, presidida por la entonces primera dama. Hasta ahí todo bien, sólo una muestra de como funciona en nuestro querido México el tráfico de influencias. La punta del iceberg de la corrupción de Vicente Fox, dicen los diputados opositores.

Para no entrar en discusiones con panistas sobre la veracidad de estos hechos bastan dos pruebas:

1.- Foto de la revista Quién donde sale muy guapo Vicente Fox, presumiendo su Jeep rojo.

2.- Declaración patrimonial donde Vicente Fox omite declarar la propiedad del Jeep rojo.

Tráfico de influencias de los Fox me lo imaginaba, lo que si me dejó boquiabierto fue ver al flamígero diputado panista Juan José Rodríguez Prats salir en la noche de ayer, en un programa de televisión, en defensa épica del expresidente. Su argumento era muy simple y devastador: Cómo se atreven a comparar un carrito de regalo con todo lo que se robaron los presidentes priistas.

Poca cosa se le hace al diputado panista. Y sin duda es poca cosa en comparación de todos los otros regalitos que recibieron Martha y Vicente a cambio de contratos y favores. Pero vamos por partes. Ese simple regalo, el jeep rojo, constituye ya un delito, dado que los servidores públicos no pueden recibir regalos de ese monto.

El otro argumento de Rodríguez Prats es que Vicente Fox es tan claro y tan honesto que hasta hizo pública su declaración patrimonial. Lo que no menciona el diputado es que en tal declaración patrimonial no está incluido el jeep rojo. Pero claro, que tonto soy, como lo iba declarar a su nombre si lo puso a nombre de otra persona. Cuantas otros automóviles, propiedades y cuentas estarán a nombre de otras personas.

Luego dijo que debemos estarle muy agradecidos por todo lo que hizo por el país y no tenemos que estar juzgando al gran estadista que fue Vicente Fox. Claro, él es diputado, como no le va a estar agradecido, pero el resto de los mexicanos no tenemos nada que agradecerle.

Lo más grave es que la llamada “alternancia” en este país no ha servido de nada. El PAN acabó como el PRI, tapando a sus presidentes a costa aún de la más mínima inteligencia. Un partido en verdad demócrata realizaría una investigación a fondo de las acusaciones y transparentaría la fortuna de los Fox. Que vergüenza deben sentir los panistas que lucharon por una democracia en México al ver la foto de su expresidente paseando en su rancho en su coche rojo.

Urge que los diputados y senadores se pongan a legislar para que los exfuncionarios puedan ser auditados y revisadas sus propiedades a conciencia. Las actuales leyes impedirán que los actos de corrupción del foxismo se investiguen y juzguen. Que no vuelva a suceder nunca más.